Algo más de las Eras Cósmicas

En artículos anteriores me he referido a la crisis de la democracia en el mundo entero, aunque
particularmente mirando la situación de América Latina y Chile.
En la década de los años 70 había dictaduras militares en muchos países del mundo. Fue el
modelo exportador de los imperialismos, pues mediante la presencia de gobernantes rendidos
a sus pies podían manejar mejor los asuntos de su interés. Cuando algún dictador se pone
díscolo al imperio, éste lo sabe presionar o, por último, lo sustituye por otro. Esto ha sido
posible verlo con claridad en Argentina, Bolivia, Panamá, Nicaragua y Perú con toda claridad.
Cuando estaba vigente el imperio soviético sucedía lo mismo, aunque en verdad, salvo los
casos de Hungría, Checoeslovaquia y al final Polonia, los tiranos locales se portaban bien con
los jerarcas imperiales.

Cuando Pinochet trató de enfrentarse a Washington, las presiones obligaron al dictador a
hacer concesiones, como expulsar chilenos para que fueran procesados por narcotráfico en
Estados Unidos, ordenar investigar en Chile el asesinato de Letelier y declarar no amnistiable
ese delito, generar espacios para elecciones libres y, finalmente, respetar su propia
Constitución reconociendo la derrota en el plebiscito de 1988.

Con Chávez no pudo, pues aunque hizo todo lo posible para lograr su derrocamiento e incluso
movió a los demás gobiernos del continente (Lagos, entre ellos) a apoyar el golpe de Estado
producido en Venezuela, finalmente no pudo y Chávez regresó al mando, pues los militares
venezolanos prefirieron la lealtad – y el pago que recibían por ella – con su jefe de Estado que
la defensa teórica de una democracia que a ellos no les parecía relevante. Porque, sabemos,
a los militares no les interesa mucho la democracia.
Tampoco ha podido con Cuba ni con Nicaragua post Somoza y post Chamorro, donde aún
campean dictadura rebeldes al poderoso.

Pero en el resto, ha ido logrando imponer su modelo de democracia vigilada (o protegida
como decía Pinochet, o semi soberana como la ha motejado en su visión crítica Carlos
Huneeus) y el esquema económico neo liberal que fomenta el individualismo, la disminución
de la intervención del Estado y la entrega del manejo económico al mundo privado.
Chile se ha rendido a sus pies y los políticos no han sido capaces de hacer los cambios
necesarios para que la sociedad vaya avanzando hacia mejores formas de vivir. Para los
sostenedores del modelo norteamericano en nuestro país, eso es lo mejor que nos puede
pasar, confiando en que cuando los poderosos sean muy, pero muy ricos, de la copa rebasada
caerán algunas pocas gotas para las mayorías. Ya está probado que la copa se ensancha junto
con las riquezas de los poderosos.

Si nosotros nos detenemos a observar lo que pasa en el país, podremos ver con claridad que
junto con mantenerse el modelo político y económico, los políticos se han ido aislando de su
contacto con el pueblo y la derecha se ha desatado de modo salvaje para desacreditar todo
intento de cambio. Pero también, con un gran manejo de prensa, se habla de la incapacidad
del gobierno para combatir la delincuencia, insistiendo con desparpajo, que para terminar con
la delincuencia deben intervenir las fuerzas armadas y declararse estado de sitio en todo el
país. La frase es: la democracia es incapaz de defender a los ciudadanos. Es decir, se clama por
la necesidad de una dictadura. Claro, encubierta, tal vez manteniendo un presidente civil, pero
entregando el poder real a los militares. Las críticas a la actual ministra del Interior tienden a
generar la idea de que si se designa a un nuevo ministro todo entraría en calma. Ningún
ministro del interior puede por sí solo detener la comisión de delitos. Un cambio allí no ayuda
en nada si no hay otras medidas antes. La policía militarizada que recibe el nombre de
“Carabineros de Chile” (para diferenciarlo de los carabineros de Italia de donde se copió el
nombre y el modelo hace casi 100 años) pide, directamente y por medio de los voceros de la
derecha, que se les den más atribuciones para actuar contra la delincuencia. Con las
atribuciones que tienen pueden actuar: lo que quieren es licencia para detener sin órdenes,
mantener detenidos más allá de los plazos, disparar sin mediar agresión previa. En fin: tiro
ligero e impunidad como en tiempos de dictadura.

Todos los caminos, como vemos, conducen al mismo punto de llegada: terminar con la
democracia pues ella no es el sistema adecuado para frenar a los delincuentes.
Coincido con muchos en que la concertación y sus sucesores no han sido capaces de cumplir
sus promesas en muchos sentidos. También coincido en que el modelo político, económico y
cultural promueve el individualismo y el aislamiento de las personas, activa más la
competencia que la colaboración y desincentiva a quienes deberían participar en las grandes
decisiones locales y nacionales. La democracia precaria que se nos ha impuesto desde la
dictadura y bendecido por los gobernantes posteriores no se combate con violencia, sino con
más democracia. Es decir, del modelo sesgado de carácter meramente representativo se debe
acceder a un intento de modelo participativo en el cual se combinen las representaciones con
los mecanismos que permitan recoger las proposiciones populares.
Pareciera ser que los grandes problemas del país tienen que ver con la economía y con la
seguridad. Esos son los más notorios, los que aparecen en la prensa y los que ocasionan mayor
angustia en el común de la población. Pero hay temas que exceden de eso y tienen que ver
con los valores que sirven de pilares para la convivencia: temas relativos a la educación, a las

relaciones humanas, al desarrollo de las personas, al respeto de los derechos de los demás, a
la importancia de la vida barrial y comunitaria, a la experiencia de colaboración y no sólo de
competencia. Estas son algunas de las cuestiones centrales que están en el trasfondo de todo
lo demás.

Me explico: si acaso el tema del bienestar económico se convierte en un objetivo por sí mismo,
sin consideración de los otros elementos que señalo, todo parecerá estar permitido pues el
“fin justifica los medios” que se puedan usar. Entonces, las coimas, sobornos, la corrupción de
las personas encargadas de tomar decisiones sobre qué y cómo comprar para el Estado o para
una empresa.

Si para ganar dinero una persona puede instalar negocios lucrativos aunque la ley los prohíba;
o violar las normas que rigen la convivencia simplemente porque puede o porque no hay
sanción suficientemente dura; entonces, parecerá que cualquier cosa es posible y los permisos
requeridos – por ejemplo para portar armas, para construir, para instalar negocios que
requieren control sanitario o de protección el medio ambiente – no tienen importancia
cuando se consigue mediante distintos procedimientos no ser controlado adecuadamente.
Y esto va en distintas materias: desde la falta de respeto de las leyes del tránsito y la
convivencia vial por parte de peatones, ciclistas, motoristas, automovilistas, conductores y
usuarios de locomoción colectiva hasta la construcción en las dunas, las colusiones
empresariales, el mal uso y la apropiación de recursos públicos por parte de militares y policías
en servicio activo, el tráfico de armas y de drogas.

Pero de eso poco o nada ocupa la atención de las autoridades y de la sociedad, porque lo que
importa es la delincuencia más espectacular, sin entender que ella tiene posibilidades de
existir porque el deterioro ético de la sociedad le genera un marco de permiso sutil.
El tema de la delincuencia y del crimen organizado se inserta en este marco. Se alude mucho
al tema de los inmigrantes. Eso es parcialmente cierto, porque en verdad muchos de los
grupos organizados dedicados al delito están integrados por extranjeros. Pero también la
llegada de inmigrantes, que es parte de la historia de cómo se constituye la sociedad chilena,
ha sido un aporte muy positivo para la construcción de la sociedad. Basta ver los apellidos de
los chilenos para darnos cuenta de la enorme presencia de alemanes, italianos, suizos,
franceses, árabes, polacos, rusos, chinos, japoneses. La migración de los países americanos
hacia Chile se gesta en forma masiva tanto por la situación de la economía en los países de
origen de las personas, pero también por la debilidad del funcionamiento institucional a partir
de la precariedad ética que he señalado antes. La entrada clandestina o simplemente irregular,
la ineficacia del aparato estatal para los trámites de migración, la incapacidad de ejercer el
control de cumplimiento de las leyes, la ineficacia y la corrupción policial, colaboran en el
mismo sentido.

El crimen organizado en Chile cuenta con la presencia de extranjeros, pero también de
chilenos. El tráfico de drogas – Chile ha pasado de ser solamente un pasadizo de la droga a ser
un espacio comercial muy apetecido por el alto consumo en todos los niveles – ya existía en
Chile antes de la última ola migratoria. Pero es verdad que se ha intensificado, tal como sucede
con la comisión de otros delitos que han ido en aumento. De hecho, el homicidio y los asaltos
eran en general delitos que se cometían con “arma blanca” es decir, cuchillos. Sin embargo, la

proliferación de armamento de fuego, desde pistolas de bajo calibre hasta metralletas, ha
generado que estos delitos se cometan con mayor gravedad y espectacularidad.
Cuando hablamos del uso de armas de este tipo, estamos obligados a poner atención en que
muchos de estos armamentos provienen de arsenales policiales o militares. El más sonado
caso que se nos viene de inmediato a la memoria es el robo del armamento que estaba
guardado en las dependencia de la comisaría de Carabineros de Providencia.
Hoy los homicidios y asaltos son con armas de fuego y se desarrollan con dos características
adicionales: violencia manifiesta y sin límites, por una parte y, por otra, la presencia de muchos
menores de edad.

La falta de perspectivas y posibilidades para muchos jóvenes, el dinero fácil que se promete,
la impunidad de muchas acciones criminales, el liderazgo de los jefes de las agrupaciones
criminales, atrae a ese grupo etáreo en los sectores marginales de la sociedad. Y mientras esos
jóvenes cometen esos delitos, en los sectores de mayor nivel económico de la sociedad
aumenta el consumo de drogas.

No podemos negar que muchas veces hemos escuchado discursos políticos que justifican el
delito en diferentes ámbitos. Ya sea en los sectores de la derecha o de la izquierda. Con
diferentes argumentos se va explicando que no hay otras conductas posibles; o que las cosas
no son tan graves; o que los responsables son siempre otros. Ése es justamente el mayor
problema de la sociedad chilena hoy en día: que todos se sienten justificados. Cuando vemos
a un Alcalde tratando de explicar los delitos por los cuales está imputado en un contexto
ideológico; o vimos antes a un subsecretario de Pesca diciendo que no veía nada malo en
seguir recibiendo dinero de las empresas del rubro; o aquel que explica las evasiones en el
Metro o en los buses con la invocación de la pobreza o la inevitable rebeldía estudiantil ante
las alzas; o los empresarios que dicen que ponerse de acuerdo con otros empresarios del
mismo tema no puede ser un delito; no podemos menos que alarmarnos por la laxitud moral
para eximirse de la responsabilidades de sus actos.

¿Dónde están las salidas?
Un amigo, intelectual chileno, me hablaba hace unos días acerca del tema de los delitos
violentos, a raíz de que un pariente suyo había sufrido un asalto de ese tipo, en el que
afortunadamente no resultó con lesiones. Me decía que esto ya era inaceptable y que él quería
que las autoridades tomaran medidas drásticas. En su pasión argumental, afirmaba que el
gobierno no estaba haciendo lo que debía hacer y proponía cambiar a la ministra del Interior.
Luego agregó que sería necesario que actuaran los militares mediante una declaración de
estado de sitio. Y la guinda de la torta fue invocar que la mano dura debía considerar todo lo
necesario para que no volvieran más a delinquir estas personas y se desincentivara a los
demás potenciales delincuentes, recordando que en las dictaduras se puede ser más eficiente
en este tipo de asuntos.
Es entonces cuando me pregunto: ¿Hasta qué punto todo esto que he expresado previamente
pone en peligro la democracia? Porque si alguien que es demócrata, intelectual, con edad
mayor como para que se espere ponderación y madurez, reacciona así, evidentemente que
no podremos esperar otra cosa de gente con menos formación.
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No es la delincuencia la que pone en riesgo la vida democrática, sino los políticos, los
dirigentes de la sociedad, las personas de mayor cultura, que no son capaces de enfrentar este
ambiente de desidia ética en el que se enmarca el delito. Cuando alguien comete infracciones
“porque puede hacerlo sin sanción”, está dando la señal de que es cosa de “poder “ hacerlo y
basta.
Añorar una dictadura es atroz, porque ya sabemos que en ella no sólo no se aplaca el delito,
sino que se incrementa la inseguridad ciudadana por otras razones. Es verdad que cuando hay
autoridades que no se sujetan a más ley que la de su sola voluntad, los delincuentes pueden
ser reprimidos sin sujetarse a las normas propias de un Estado organizado y que respeta el
derecho. Pero eso abre paso a la arbitrariedad.

En Chile debe cumplirse la ley. Si las leyes son malas, habrá que mejorarlas. Eso es
responsabilidad del gobierno y del Congreso Nacional. Pero las leyes no resuelven todo por el
mero hecho de haberse publicado. Es necesario que las leyes sean respetadas por todos.
Partiendo por las autoridades, que es lo propio de las democracias, donde quienes ejercen
cargos deben ajustarse a procedimientos establecidos y no pueden actuar a su mero deseo.
En dictadura, un grupo de traficantes de drogas fue detenido. Sin mediar juicio ni
procedimiento alguno, esas personas fueron puestas a disposición de agentes del FBI de
Estados Unidos, quienes se las llevaron del país. Eso en una democracia no se puede hacer.
Para que las cosas funcionen, la autoridades deben cumplir con su deber. Fiscales que
investiguen con policías honestas y reúnan pruebas suficientes. Jueces que actúen de modo
independiente y tengan la protección suficiente para que no sean intimidados por los
delincuentes. Un sistema de cárceles que permita la rehabilitación de los condenados y su
correcta reinserción social. Una sociedad que acoja a las personas que han cumplido sus
sentencias y quieren tener un espacio legítimo para desenvolverse.

Para conseguir todo ello se debe hacer un trabajo profundo y de largo plazo, donde lo primero
sea conseguir que el conjunto de las personas entienda que cada uno es responsable de sí
mismo y de su entorno y que se fortalezca la organización democrática desde la base social.
Cuando las personas tienen un espacio para comprometerse con su mundo inmediato y se
pone de relieve la capacidad de concordar soluciones, la sociedad entera se beneficia. Eso se
llama “democracia participativa”, donde los ciudadanos y los habitantes de un lugar no sólo
deben cumplir con preceptos mandatados desde fuera, sino que generan un modo de vivir
más armónico en el cual todos pueden intervenir para, entre otras cosas, evitar o combatir el
delito. Eso es un esfuerzo del mundo político por generar espacios democráticos y fortalecer
la educación social con sentido cívico.

Pero ya lo dije: es tarea de largo plazo. Un esfuerzo sistemático y organizado por conseguir
cambiar los patrones culturales reales en los cuales nos desenvolvemos, con el objetivo de
construir pilares morales y éticos suficientemente sólidos. Y aunque sea en “largo plazo”, el
trabajo debe comenzar hoy.

Pero hay una cuestión previa y urgente que se da en dos planos: mejorar la prevención del
delito y conseguir que las instituciones cumplan cabal y honradamente sus cometidos. Eso
facilitará una de las mayores tareas urgentes de este tiempo: desarticular el crimen
organizado.

Para la prevención debe existir un aparato de análisis de inteligencia policial a cargo de una
oficina especializada que no tenga otra función que esa y que se nutra de la información que
recabe a través de todos los intervinientes en el tema. Eso es un aspecto.
El otro aspecto es que debe haber una policía cuya finalidad sea la vigilancia y la prevención
orientadas a la seguridad de la población del país. ¿Existe hoy? Si y no. Existe la institución,
pero esa función se ha desdibujado. Me refiero a carabineros.
Esta es una policía militarizada cuya finalidad principal debe ser la vigilancia de las calles en
el sentido de lograr la prevención de los delitos y la disuasión de quienes quieren delinquir.
Para eso deben estar en las calles, recorriendo y entregando una vigilancia permanente. En
Chile hay aproximadamente 43.000 funcionarios de Carabineros, pero ellos no actúan
prioritariamente en prevención.

Tal vez el número debe ser mayor, pero todos deben concentrarse en unidades policiales que
cubran todo el territorio y actúen, debidamente coordinados con la oficina de análisis de
inteligencia policial, por presencia en las calles, con patrullajes constantes y vigilancia en
puntos críticos, debidamente armados y alejados de toda otra función. Eso significa que los
funcionarios no deben cumplir tareas de administración, las que deben ser desempeñadas por
personal civil, pasando ellos a integrarse a funciones de acción policial. Tampoco deben
realizar funciones de investigación, las que deben centralizarse en una policía especializada
en investigar los delitos. Los funcionarios que ahora cumplen esas labores deben cambiar de
institución. Las fronteras deben estar a cargo de otros grupos policiales dedicados a eso
exclusivamente. El cuidado de personas importantes – como se llama ahora – y la guardia de
Palacio, debe radicar en personal ajeno a Carabineros. Y todas las otras funciones como
bienestar, hospitales, atención de vehículos, debe estar a cargo de personal civil.
Nadie hasta ahora se ha atrevido a proponer esto en el ámbito político o de gobierno. Esto
sería reorganizar la policía y es algo que se puede hacer en forma muy rápida, dejando de lado
el discurso emocional de “nuestros carabineros” y todo aquello que lleva a hablar de mártires
cuando las personas mueren en cumplimiento del deber.

Las medidas concretas pueden tomarse casi todas por la vía administrativa y no hacerlo es
nada más que postergar lo urgente por miedo a que haya sectores que se encabriten porque
se toca a una institución que se ha sacralizado.

La sociedad necesita organizarse y democratizarse. Es verdad que hay mucho que hacer. Pero
en la urgencia es mucho lo que se puede avanzar, aunque la Constitución pinochetista siga
poniendo trabas, porque son asuntos que están en el ámbito de la administración. No se
requieren ni muchos más recursos económicos ni permisos de nadie.
La democracia está en peligro, porque los que dirigen el país han caído en el peligroso juego
de escuchar cantos de sirena y temer a enemigos velados.
Este es el momento de actuar.