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Bajando en las encuestas y con un deterioro de su capital político, quienes llegaron a encabezar el Estado y el gobierno portando sus críticas como banderas y plenos de ideas generales, con sus actos han dejado en evidencia que muchos de ellos llegaron a aprender, a improvisar, sin saber que manejar los asuntos desde adentro es mucho más difícil que hacerlo con la mera prensa y la propaganda desaforada.
El gobierno de José Antonio Kast, a menos de dos meses de haber asumido experimenta disensos, descoordinaciones y fisuras que en otros gobiernos se han presentado más tarde. La prensa, a veces de modo jocoso, agrega los llamados “errores no forzados”, que han sido declaraciones muy desafortunadas de personeros del nuevo Gobierno.
Alguien sostuvo, como explicación y para llamar a la calma y la paciencia, que si bien es cierto que debían afinarse los procesos, también es preciso que se tenga paciencia porque los nuevos funcionarios, desde ministros para abajo, deben tener un tiempo de “aprendizaje”.
Durante la campaña presidencial, José Antonio Kast sostuvo que ellos no llegarían al gobierno a improvisar, sino con todo previsto, debidamente estudiado, con los proyectos preparados y un plan que cambiaría la cara del país en los primeros 90 días.
En el mismo período de campaña electoral, se insistió en la idea del gobierno fracasado para referirse a Boric y se criticó con dureza a los “gobiernos anteriores”. Del gobierno saliente se agregó que era un gobierno ineficiente pues quienes estaban gobernando no tenían ninguna experiencia que los avalara para dirigir el país.
La verdad es que después de la campaña presidencial y estos discursos, sobre todo con la expectativa de los 90 días, se podría haber esperado algo mejor que lo que estamos viviendo.
Quienes llegaron a encabezar el Estado y el gobierno, portando sus críticas como banderas y plenos de ideas generales que los inspiran en todos los temas, con propuestas de lo que debería ejecutarse en cada una de las áreas del quehacer nacional, han dejado en evidencia que muchos de ellos llegaron a aprender, a improvisar, sin saber que manejar los asuntos desde adentro es mucho más difícil que hacerlo con la mera prensa y la propaganda desaforada.
Los otros, los que están en los cargos claves del poder y constituyen el núcleo duro de los partidarios del Presidente, tienen un plan que no se ha revelado por completo, pero se va dejando sentir. Teniendo como eje a Kast y su segundo piso, acompañado del ministro del Interior y del ministro de Hacienda, se sigue un riguroso proyecto que nos acerca al pinochetismo.
Tratan de ser sutiles, pero los traiciona su propia voluntad, el deseo de no tener cortapisas, en lo que el ministro García está siendo muy útil pues dialoga con todo el mundo, aunque se enojen los diputados de la UDI. La estrategia es sencilla: entretener a los diputados y senadores, lanzar sondas para ver la receptividad general de las medidas y aplicar a “raja tabla” las políticas diseñadas para establecer el control total.
El diputado Agustín Romero, que no tiene empacho en expresarse de la manera más directa y de paso vulgar, a propósito del nombramiento de Jeanette Vega en un cargo de subdirección de un hospital, sostuvo que en las elecciones el país votó para que “los zurdos” se fueran y no terminaran trabajando en cargos del Estado. Propone que no quede nadie de los que él califica de esa manera, en cargos públicos, aunque ellos sean de competencia profesional o técnica.
Es decir, se trata de arrasar sin respeto alguno por quienes tienen ideas distintas en materia política. El diputado, sosteniendo que lo hace con mucho respeto al referirse así a estas personas, expresa sin restricciones el pensamiento de quienes hoy gobiernan: todos deben irse y no volver más. Ellos repondrían el artículo octavo dela Constitución de 1980 donde las personas de pensamientos diferentes no podrían tener cargos en la administración pública.
¿Qué dirán los fanáticos como el diputado frente a las críticas de los personeros que apoyan al gobierno, pero discrepan de muchos aspectos?
¿Cómo calificarán las críticas de Squella, presidente de los Republicanos, al segundo piso de la Moneda?
¿Qué pensarán del hecho de que dos ministros de Bachelet hoy sean ministros de Kast?
Se prometió soluciones en los primeros 90 días de mandato, porque venían con todo preparado, según las palabras del propio líder. Ha quedado en evidencia – al haber transcurrido la mitad de ese período – que en verdad llegaron para aprender a conducirse en estas esferas y a desempeñarse como funcionarios del Estado.
No basta con haber trabajado algunas vez para el Estado, como la Ministra de Seguridad que era Fiscal Regional, sino que es necesario tener sentido político y conocer bien la realidad del área en que deberá actuar y resolver.
La desprolijidad se nota desde los nombramientos.
Llama la atención que hubo personas que no alcanzaron a asumir el cargo para el cual estaban nominadas. Un caso fue el de un ministro que celebró públicamente –sus amigos le dieron un almuerzo, ¡vaya con los almuerzos!– antes del anuncio y eso le significó que su cargo fuera para otro ministro que, haciendo honor a su apellido (Mas), tomó dos ministerios.
Se ha destacado que casi 20 secretarios regionales de diversos ministerios antes de cumplirse dos meses han renunciado a sus cargos. Hubo el caso de dos de ellos, que fueron nombrados para el mismo cargo y renunciaron ambos antes de 24 horas de haber asumido; en otro caso el nombrado nunca llegó a su oficina.
¿Qué pasó? ¿Improvisación, como se acusaba a Boric? Eso de escupir para el cielo es poco aconsejable, sobre todo en gente tan religiosa, pues Dios no es de fácil perdón con los soberbios.
Hay personeros de anteriores gobiernos derechistas (Bayer, Cruz-Coke y Mañalich por ejemplo) que miran con recelo y formulan agudas críticas a muchos aspectos de la viga maestra del proyecto Kast. No son opositores, incluso votaron por él. Pero no están contentos con lo que se dice, con lo que se propone, con lo que se hace y cómo se hace.
La señora ministra de Seguridad, cargo al que el nuevo presidente señor Kast atribuyó la máxima importancia, partió con errores del tipo “no forzados” al decir “yo puedo”, cuando se le preguntó por qué había enviado determinado oficio. En los días siguientes se fue enredando con otras declaraciones, dando explicaciones y vacilando ante las cámaras de televisión para reclamar por el daño que se le hace como madre de familia al formularle críticas por los medios de comunicación.
Junto a eso, tal vez porque su propio exmarido y socio en una empresa (no declarada en su patrimonio) alguna vez defendió como abogado a personas por tráfico de drogas, eligió como su subsecretaria de Prevención del Delito a una abogada con más de un cliente en ese mismo ámbito delictual.
Esta subsecretaria fue la que dijo en uno de sus viajes al norte, cuando se le preguntó por lo que ella podría decirle a las personas para prevenir delitos en su contra, que ella no se metía en esas cosas (prevención del delito) y que cada uno tenía que ser capaz de organizar su propia defensa y protección. ¿Recomendaba autotutela? ¿Qué parte de lo que es su cargo no logró entender?
Lo concreto es que en materia de “seguridad”, salvo de informar ordenadamente las estadísticas semanales de delitos, no hay mayores novedades. ¿Poco tiempo de gobierno? Sí, claro, pero se prometió que en ese poco tiempo las cosas cambiarían.
Hace ya casi 20 años Sergio Melnick y yo escribimos un libro llamado “¿Por qué no te callas?”, haciendo alusión a los decires de los políticos chilenos. Hoy ese libro podría tener ya varios tomos más y en este gobierno uno especial para los primeros 40 días.
La ministra Secretaria General de Gobierno, que entre sus funciones tiene la de ser vocera oficial del gobierno, nos sorprende semana a semana con declaraciones evasivas, equivocadas, confusas, claramente erróneas, todo lo que revela de su parte poca experiencia y pocas aptitudes para el cargo.
Esto último queda en total evidencia, no sólo cuando huye subiendo las escaleras de a dos escalones para evitar responder, sino cuando se aclara que algunas de sus afirmaciones fueron pauteadas en esos términos por el asesor de comunicaciones del Presidente. A lo que se agrega como notoria guinda (más parece sandía) de la torta la orden de Contraloría de hacer un sumario por las declaraciones suyas y de otros funcionarios en el sentido de que Chile sería un país en quiebra.
Ellos parecen suponer que sólo es cosa de hablar, lanzar acusaciones diarias contra el gobierno anterior, que sería culpable de todos los males de Chile y luego seguir tan campantes.
Pero sucede que no todos son errores: hay un plan. Se trata de ir desacreditando el funcionamiento de las instituciones democráticas para fortalecer la idea de que, si hay satisfacciones económicas para el pueblo, se pueden conculcar los derechos sociales y quizás otros sin vacilar, porque lo que importa es la economía. Ése es el punto de encuentro valórico entre los marxistas y los liberales y neoliberales: la materia.
Es la misma lógica del pinochetismo, aquella de Quiroz expresa con claridad cuando dice: “La mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo”. En ningún país del mundo (tal vez en Andorra o Islandia) existe pleno empleo y sin embargo en muchas partes hay mayores niveles de protección de derechos y de justicia social, mejor distribución del ingreso y bienestar. Porque finalmente el problema no es la economía de largo plazo (Dijo Keynes: en el largo plazo estaremos todos muertos), sino una sociedad en la que se combine participación, satisfacción de necesidades básicas y espacio para el desarrollo integral de las personas.
El ministro de Hacienda ha debido lidiar con algo más que su pasado como organizador de colusiones: sus propios compañeros de gabinete le están poniendo problemas. Y cuando no son ellos, son los dirigentes de los partidos de gobierno, incluido el presidente del partido del Presidente de la República, su delfín.
Ya la ministra de Seguridad se confrontó con Hacienda y ahora lo hace el ministro de la Vivienda. En Salud y en Educación hay un toque más de obediencia a Quiroz, el hombre fuerte de Kast, pero las ministras se van dando cuenta que por mucho que ordenen no será posible alcanzar las metas de reducción presupuestaria sin afectar los programas y derechos sociales.
La disputa es directa, pública, lo que vuelve a dejar al desnudo la falta de claridad sobre lo que es la orientación de un gobierno, develando las verdaderas intenciones de esta administración que ha llegado simplemente para asegurar que otros no tengan el poder. No son errores, es el diseño de Guzmán y Pinochet que hoy Kast quiere reeditar.
Sacar a “los zurdos” y quedarse con el poder político. Porque los grupos gobernantes ya tienen todos los otros poderes en su mano. Incluso el militar.
Cuando se filtra la información sobre aquellos documentos (memorándum le llaman) en los cuales se instruía de la necesidad de «descontinuar» ciertos programas sociales, todos entendimos que eso significaba paralizarlos, suspenderlos o terminarlos.
Por Jaime Hales Dib
Publicado el 29.4.2026
Heredé de mi padre algunos libros sobre la sabiduría árabe, que él acostumbraba a citar. Cuando fue ministro del gobierno de Eduardo Frei Montalva, él le preguntaba siempre, muchas veces en pleno consejo de gabinete:
—Alejandro, ¿qué diría de esto el califa de Basora?
Y el ministro respondía con un caso específico y una reflexión final.
Ante un fallo de un juez que condenaba como terroristas a personas contra las que no había ninguna prueba, usé una anécdota cuando alegué en la Corte. El juez había dictado una sentencia, pero la Ilustrísima, antes de los alegatos, la encontró tan precaria que decidió devolverla de plano para que la rehiciera.
Con todo, ante la segunda sentencia llegamos a alegar los contendientes. En esa ocasión cité ante los ministros de la Corte (Cánovas, Zurita y Gálvez) la siguiente anécdota de la sabiduría árabe, pues la segunda sentencia era peor que la primera.
Estaba el califa Harúm al Raschid en uno de sus malos días y ante cierta intervención de Abu Nowas, el poeta de la Corte, lo conminó:
—Abu Nowas, tienes 24 horas para ofenderme y luego dar una excusa que sea peor que la ofensa. Si no cumples perderás la cabeza.
El poeta se fue muy afligido y pasó un duro día. Al día siguiente se levantó sin tener respuesta al requerimiento. Se preparó para morir. Fue al palacio y entró a la cámara real, en el momento en que el califa subía los escalones para llegar al trono.
De un salto llegó hasta el monarca y le dio un fuerte pellizco en la nalga izquierda. El califa giró y gritó:
— ¿Pero qué haces Abu Nowas?
—Perdón, majestad, creí que era su esposa.
Así, Abu Nowas salvó la vida.
Con premeditación y alevosía
Cuando se filtra la información sobre aquellos documentos (memorándum le llaman) en los cuales se instruía de la necesidad de «descontinuar» ciertos programas sociales, todos entendimos que eso significaba paralizarlos, suspenderlos o terminarlos.
Un humorista le preguntó al ministro Quiroz, cuando él dijo que descontinuar significa revisar, cómo entendería esa frase si la novia (de tenerla) le dijera que va a «descontinuar» la relación. El gobierno se ha dado muchas vueltas al respecto, despertando protestas incluso de sus propios seguidores, entre las que destaca el reclamo del presidente del partido del propio José Antonio Kast.
Entonces vino la joya. La «ofensa» que significó para todos un oficio que disponía descontinuar programas sociales (harto más grave que pellizcar la nalga del califa, salvo para el propio califa por cierto), provocó una excusa final que se ha expresado a todos los que han querido poner atención. Fue dicha por el ministro y repetida por muchos funcionarios y políticos con un tono de alivio, como si esa excusa disminuyera la gravedad del hecho.
¿Cuál fue la excusa?
Que el oficio o memorándum en cuestión no se había hecho para ser difundido y conocido por el país.
La excusa es más grave que la ofensa, porque al intento de afectar los programas sociales, se añade el deseo de que eso hubiese sido un secreto. Ellos querían hacerlo, pero no querían que se supiera, sino solamente que se aplicara.
Era un oficio que no debía darse a conocer, por lo que la explicación es muy grave: se quería hacer en secreto, probablemente negándolo ante terceros.
—No queríamos que se filtrara –fue la explicación.
No sólo afectar programas, no sólo actuar con desprecio por los derechos de las personas, no solamente dejar a muchos necesitados (como los escolares) privados de los beneficios que se conquistaron con esfuerzos de los grupos sociales, sino además hacerlo sin que se enteraran previamente, sin que se diera a conocer más que cuando las «discontinuidades», las supresiones, estuviesen en marcha.
La excusa peor que la ofensa: no les basta con perjudicar a los más pobres o débiles en el contexto económico y social, sino además quieren hacerlo secretamente.
Si estuviéramos hablando de delitos, tendríamos que decir «con premeditación y alevosía», que quiere decir, actuar habiéndolo preparado con antelación y cuidado, además de actuar sobre seguro.
En esas manos estamos: la verdad se hace funcional a los intereses de los que tienen el poder, el secreto es el método para engañar a los que deben saber, como fue con las leyes secretas en la época de la dictadura.
Tal como lo hizo el ahora ministro Quiroz, con el caso de las colusiones.
Después de haber avanzado durante los gobiernos democráticos del pasado reciente en la protección de los derechos de autor de los creadores de arte en sus diversas manifestaciones, en el Proyecto de Ley Miscelánea del gobierno de Kast, se entra en una fase de retroceso, que parece ser parte de una manera de entender la vida, donde lo único importante es lograr beneficios para los poderosos de la sociedad.
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En 1980 la dictadura consiguió, mediante un plebiscito fraudulento, aprobar un texto constitucional. Era el diseño de Jaime Guzmán, apoyado en su redacción por Jaime del Valle, Sergio Fernández y Enrique Ortúzar. Se trataba de prolongar una situación compleja: con apariencias democráticas mantener el diseño de la dictadura, donde en definitiva todo fuera manejado por los que entonces mandaban políticamente y con apoyo militar, aunque fuesen minoría.
Parte sustancial del texto era el artículo octavo, que decía: “Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República”.
Y agregaba en el inciso siguiente que: “Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales”.
¿Qué es “atentar contra la familia” o sostener una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases? Claramente se refería este texto en forma directa a la ideología marxista y, como lo habían sostenido los voceros de la dictadura y muchos jueces, son responsables de lo mismo quienes apoyaban, justificaban, permitían o se aliaban con los partidos de inspiración marxista.
En esos años se hablaba sin ambages sobre que esas doctrinas y las conductas derivadas eran terrorismo por el solo hecho de sostenerlas, aunque no hubiera actos de esa naturaleza.
El texto añadía que sería el Tribunal Constitucional quien establecería si las personas estaban en esa situación, probablemente a requerimiento de cualquier ciudadano, pues no se dice en el artículo. Luego venía la marginación completa por diez años de toda actividad política, agregándose que tampoco podían dirigir establecimientos de educación, ni enseñar.
En la misma línea se les prohibía desempeñarse en funciones relacionadas con medios de comunicación ni ser dirigentes de organizaciones “relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo”. La reincidencia sería castigada con una pena correspondiente al doble: 20 años más.
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Como una tenebrosa coincidencia, el actual gobierno sigue con entusiasmo las aguas del pinochetismo, al que desde el propio presidente José Antonio Kast hasta muchos de los dirigentes y autoridades recién asumidas adhirieron sin límite. Estas personas no han dudado en justificar las más atroces violaciones de los derechos humanos.
Claramente temen –como Pinochet y Guzmán– todo aquello que guarde relación con el desarrollo de las artes, especialmente la música y la literatura, pues suponen que sus textos contienen elementos peligrosos para “la familia”, para la “moralidad” y, en definitiva, para la seguridad de la sociedad.
Pues los escritores y autores de letras de canciones –y por cierto también los pintores y dramaturgos– tienden a expresar contenidos en los que se expresa la libertad de pensamiento y una emocionalidad que cuestiona muchos aspectos de como vivimos, en la sociedad actual.
Lo mismo sucede con los que quieren estudiar en el extranjero para perfeccionarse, ya que se corre el riesgo de que reciban influencias o adoctrinamientos que tiendan a sostener ideas contrarias a la mirada oficial de hoy.
Esa mirada o enfoque de la vida social es el que sostienen los sectores más poderosos económicamente y que con sus recursos manejan muchísimas instituciones de educación (colegios y universidades) y casi todos los medios de comunicación.
Por eso, se han sugerido, orientado y decretado suspensiones de becas. Todo intelectual es sospechoso, no sólo los de las disciplinas sociales, pues no olvidan a personajes como Humberto Maturana que, siendo un gran científico, levantó su voz contra la dictadura.
Estamos ante un nuevo artículo octavo, sobre el que quiero llamar la atención.
Para el caso de los escritores, músicos, cineastas, medios de comunicación escritos o no, se propone ahora en aquel proyecto misceláneo una norma que, coincidentemente, está en el artículo octavo.
No está de más decir que este tipo de proyectos que contienen materias diversas fue calificado por los dirigentes de la derecha como “cajón de sastre” y prácticamente fueron limitados. Sin embargo, en medio de medidas económicas y tributarias, se encaja una norma que agrega un artículo a la Ley de Propiedad Intelectual.
Allí se dice: “Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas”.
Es decir, después de haber avanzado durante los gobiernos democráticos del pasado reciente en la protección de los derechos de autor de los creadores de arte en sus diversas manifestaciones, como una manera de asegurar su libertad, la justa retribución por sus obras y, por lo tanto, la posibilidad de seguir creando, se entra en una fase de retroceso.
Porque piensan que los creadores pueden resultar peligrosos y que todos los escritores somos comunistas, izquierdistas o cualquier calificativo cercano. Eso a ellos, los que hoy gobiernan, les parece peligroso, de alto riesgo para sus intereses y sus propósitos no siempre reconocidos de resucitar el pinochetismo y las propuestas de Jaime Guzmán. Tienen miedo. Es cierto que, por ahora al menos, les faltará un “Contreras Sepúlveda” como lo tuvo Pinochet.
A este proyecto se han opuesto o al menos expresado dudas, incluso dirigentes de la derecha con convicciones democráticas, como el senador Cruz-Coke y muchos empresarios de medios de comunicación.
Otros prefieren callar y aún los hay que justifican y promueven este tipo de materias. Pues así van marginando a los creadores y comunicadores que no estamos de acuerdo con ese enfoque y sus obras pasarán quizás a una lista sospechosa, como sucede ahora en Estados Unidos en una especie de repetición sutil de lo que fue el descarado macartismo de la década iniciada en 1950. Se trataba de una persecución política a comunistas (ahora serían terroristas u otros enemigos), caracterizada por acusaciones sin pruebas, listas negras y audiencias televisadas, difamando a funcionarios, artistas e intelectuales, durante una etapa oscura liderada por el senador Joseph McCarthy.
Si a esto agregamos la disminución de presupuestos de proyectos, basada en simples prejuicios o en opiniones contrarias a su ideología que se ha ordenado y aplicado en el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, podemos refrendar que estamos frente a una operación más global y dirigida a los peores objetivos.
Artículos octavos que se orientan hacia la imposición de una sola mirada de la realidad.
Es una coincidencia el número –que en la tradición holística habla de la creación de nuevos órdenes– pero los textos reflejan claramente la intención.
Son quizás formas de expropiación encubierta de los derechos intelectuales, pero a diferencia de las expropiaciones de bienes raíces, esto se hace sin siquiera informar al expropiado.
Esta es una grave amenaza para el patrimonio cultural y la sostenibilidad económica de los creadores nacionales y constituye una falta de respeto a las personas que verán perjudicado su patrimonio cultural y, por qué no decirlo, económico.
Protesto enérgicamente y miro con inquietud todas las medidas que el gobierno está tomando o insinuando tomar: finalmente se favorece a los poderosos –a los que pertenecen a la elite– y se deteriora la vida en todos los planos a los sectores medios.
Es hora de que pongamos atención, pues el plan que se lleva adelante puede ser muy peligroso y nefasto.
El destacado sociólogo e historiador chileno Felipe Portales nos recuerda aquella frase de Eduardo Matte – político derechista y uno de los padres fundadores del “clan Matte, uno de los más influyentes de la política chilena – aparecida en el Diario El Pueblo de Valparaíso en marzo de 1892, que revela la convicción de la oligarquía criolla: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo, lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio”.
Esta frase revela convicción y al mismo tiempo es una inspiración para las siguientes generaciones de los partidos y grupos de derecha, que tienen una “conciencia de clase” superior a cualquier otra y jamás creen equivocarse al tomar sus decisiones sobre lo que debe hacerse cuando el país, mediante las elecciones, decide rumbos distintos y puede afectar – o afecta directamente –sus intereses fundamentales y sus alianzas con los poderosos del “mundo occidental”.
Cuando José Antonio Kast ganó la elección presidencial en el balotaje, con casi un 60% de los votos, hubo quienes creyeron que ese porcentaje apoyaba el programa del candidato de la ultraderecha. No captaron que lo que estaba sucediendo era el rechazo al gobierno de Boric y a su continuidad encabezada por una militante comunista.
El anticomunismo de muchos sectores, el rechazo a un gobierno que cometió errores importantes, el temor generado por la propaganda cuando se hablaba de la inseguridad, de la emergencia, de los fracasos gubernamentales, de la crisis total que tenía a un “país en el suelo”, fueron “ingredientes” que arrastraron a muchos votantes. Agrego que la candidata de la izquierda fue muy débil en su desempeño y carecía de la claridad conceptual que se requiere para ser presidente de Chile.
Los porcentajes
Recordemos que Kast obtuvo en la primera vuelta electoral sólo un 24% de los votos, quedando segundo tras Jara que obtuvo un 27%.
Para alcanzar el porcentaje final del candidato ganador, hay que considerar dos cosas:
1) Que los votos no considerados válidos superaron el millón, por lo cual la cifra real obtenida por Kast es del 54% de los votantes; hago esta salvedad, puesto que hubo gente que llamó a anular el voto o votar en blanco, simplemente porque ninguna de las opciones les satisfacía suficientemente.
2) Que los 30 puntos reales más que obtuvo Kast en el balotaje provinieron de los que votaron por los otros candidatos y que elegían “el mal menor”, es decir, un candidato cuyo programa no compartían, pero que lo votaban para evitar que la candidata Jeannette Jara pudiera triunfar.
Esto es importante de considerar, pues cuando algunos dicen que el 58% (54% real) eligió el programa que Kast proponía, se sustentan en una afirmación no verdadera. Por eso, no sorprende la baja en las encuestas, que lo ubica en un alto porcentaje de rechazo y una aprobación que, según la encuesta, está entre el 33 y 43 %. Altos y bajos que nos muestran un país bastante más polarizado de lo que se nos ha querido contar en el relato triunfalista de Kast. Técnicamente estaríamos frente a una diferencia mucho menor entre los que votaron por él y los que no votaron por él.
Supongamos que mantiene esos porcentajes de aprobación en los tiempos venideros: estará en el rango tradicional de la derecha en Chile, que, fuera de las estrechas victorias de Piñera (logradas sobre una alta abstención), ha seguido regularmente la tendencia que marcó Pinochet en 1988. Sin ir más allá, la suma de Bücchi y Errázuriz en 1989 daba casi exactamente el mismo resultado.
Y eso es Kast: un representante de una derecha que se expresó fervientemente con el candidato oficialista en 1989 y que recibe apoyos circunstanciales de otros derechistas. Nombra entre sus ministros a dos destacadísimos pinochetistas, aún más que el propio Presidente. Entonces, sin sorprenderse, hay que asumir estas encuestas como un reflejo de la realidad de un país polarizado que tiene un sector intermedio que se va inclinando por uno y otro, básicamente por su decepción profunda de lo que ha sucedido en la política chilena.
El proyecto político
Chile tiene una democracia a medias, fundada en una norma constitucional impuesta por la dictadura, junto a un proyecto económico y cultural que ha ido llevando al país por un camino impensado para una democracia de verdad. Es un texto inmovilizador que deja pocos espacios – pese a sus reformas – para avanzar en acciones de profundización de la participación de los ciudadanos.
Al producirse el golpe de Estado una de las primeras medidas que tomó el equipo gobernante fue nombrar una comisión para el “estudio de una nueva Constitución Política”, convocando a ella a varios destacados académicos y a políticos. Los había partidarios del nuevo régimen y también algunos que veían esta intervención militar como una interrupción de la institucionalidad para proceder luego a nuevas elecciones.
Algo parecido a lo que Patricio Aylwin y la directiva de la DC que él encabezaba denominaron “independencia crítica y activa”, frase que nunca se entendió y ni siquiera se intentó explicar. En el fondo era una cierta tolerancia con la naciente dictadura, en la esperanza ingenua de que todo pronto volvería al cauce democrático. En esa línea, Aylwin autorizó a militantes a tomar cargos en el gobierno de facto, entre ellos un Ministro de Estado y algunos otros funcionarios de niveles importantes. Algunos de ellos, al saber de la violaciones de los derechos humanos, renunciaron a sus cargos y otros, sin importarle ello, siguieron sirviendo a la dictadura, sin perjuicio de que algunos pocos dejaron la militancia.
La ingenuidad era total: una intervención militar que sólo quiere poner fin a un gobierno para luego llamar a elecciones toma otro tipo de medidas y en ningún caso se plantea hacer una nueva institucionalidad política, pues para eso se requiere tiempo y una idea detrás. Además hay que recordar que cuando los integrantes de la Junta de Gobierno anunciaron que la presidiría Pinochet, comunicaron que habría rotación para esa función. Esa sola frase ya bastaba para saber que no había intenciones de irse sin cumplir con el plan que tenían los inspiradores y los gestores del golpe de Estado. Lo que nació no fue un “gobierno militar”, sino un proyecto político, social y económico destinado a reponer a los sectores más derechistas en el poder institucional. Por eso algunos hablan de la “dictadura cívico-militar”.
El lenguaje tiende a mantenerse
Al asumir las autoridades después del golpe, se notó rápidamente que había dos orientaciones distintas, encabezadas por los lideres que en 1970 fundaron Patria y Libertad: Jaime Guzmán Errázuriz y Pablo Rodríguez Grez.
El primero, formado al alero de Osvaldo Lira, sacerdote seguidor de Franco y Primo de Rivera, con una mirada cercana al nazismo alemán (que apoyó fervientemente a Franco en la guerra civil) y al fascismo italiano. Hombre de derecha, católico, líder de generaciones de estudiantes de la Universidad Católica ligados a la Derecha y que dieron finalmente nacimiento a la UDI como un movimiento político, que combina el pensamiento más conservador en ciertos temas (Familia, matrimonio, aborto, homosexualidad, control de natalidad) con el neoliberalismo económico, inspirado en Friedrich Hayek y Milton Friedman, que en su esencia difiere del catolicismo en cuanto releva el materialismo y considera a la persona más como un consumidor que una persona integral.
Rodríguez, por su parte, fue un nacionalista típico, militarista, partidario del férreo control del Estado, mucho más cercano al nacional socialismo alemán. Promovía la formación de jóvenes bajo una severa disciplina, sin más límites éticos que el logro de los objetivos. Cuando estaba por asumir Allende, militantes de Patria y Libertad (el nombre del movimiento es muy decidor) realizaron actos terroristas en bienes públicos y participaron activamente en la acción que culminó con el asesinato del General René Schneider, comandante en jefe del Ejército.
El Partido Nacional – una combinación de nacionalistas, conservadores, liberales, representantes de sectores empresariales – fue disuelto al iniciarse la dictadura como todos los partidos políticos y sus militantes se convirtieron en entusiastas partidarios del gobierno. En la justificación del golpe, donde se juntaban el hibrido Partido Nacional, Patria y Libertad y el Movimiento Gremial de los estudiantes de la Universidad Católica, usaban las expresiones que la derecha política y sus sustentos económicos, han hecho suyas desde los albores de la República.
El lenguaje de la derecha, con el objetivo de instalar gobiernos de tipo autoritario que beneficien los intereses del segmento más rico del país, es siempre considerar que los demás, a la larga o a la corta, conducen al desorden, la inseguridad, la crisis, poniendo a “la Patria en peligro”. La crisis y la falta de crecimiento económico; la inseguridad por los delitos que afectan a las personas (no incluyen los delitos económicos); el desorden del país por la agitación de grupos, sindicatos, movimientos sociales; las erradas medidas que toman los gobiernos, a quienes califican de fracasados, ocasionando perjuicios para el país; el deterioro de los valores tradicionales de la nación; la afectación de los símbolos patrios; el descuido con “nuestros carabineros “ y “nuestras fuerzas armadas”, a quienes se ataca con virulencia dejando en evidencia la falta de patriotismo; son los principales argumentos a los que acostumbra la derecha en sus discursos.
Una mirada histórica
En Chile, desde el fin de los primeros esfuerzos de institucionalización por la acción armada de los conservadores, encabezada por Prieto y Portales para instalar una Constitución que garantizara el poder a la minorías, con el respaldo de las armas y del poder económico, todo eso estaba apoyado por una enorme represión política a los discrepantes.
La combinación de poder económico, poder político, militarismo, nacionalismo, se respalda en una cuestión poderosa: la convicción de esos poderosos de ser dueños de la verdad y los únicos capaces de manejar los asuntos del país.
Esa combinación – a la que se añade el modelo estadounidense y el neoliberalismo con sus valores – ha hecho de Chile un país extremadamente nacionalista (“patriotero” se puede decir peyorativamente) con un culto particular por las instituciones armadas y las figuras militares, legalista, materialista, autoritario y en el cual más de una vez en su historia se han privilegiado los aspectos formales del orden por sobre la libertad de las personas. Se ha privilegiado el individualismo por sobre los aspectos sociales, comunitarios e incluso personales (entendiendo a la “persona” en el sentido de Mounier o Rogers, que la definen como un ser integrado en el mundo y que su desarrollo integral se da en la relación consciente con los otros).
Para ellos, tener visiones críticas sobre las guerras que Chile ha sostenido, criticar a los militares y no estar de acuerdo con la profusión de monumentos a tanto general, es ser antipatriota.
La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, a partir de 1836, fue una maniobra política de Portales para consolidar el poder conservador en torno a la figura presidencial, oscurecida por el propio Ministro, inventando un riesgo para Chile en la unión de Perú y Bolivia encabezada por Santa Cruz. En realidad lo que temía Portales era que Ramón Freire y Bernardo O’Higgins, exiliados en Perú, pudieran realizar maniobras para derrocar el gobierno de Prieto.
Desde entonces Chile fue gobernado por un sector de la sociedad que se autodefinió como “aristocracia”, cuando en verdad lo que hizo fue constituir una oligarquía que manejó la sociedad por más de 100 años casi sin contrapesos. Las familias poderosas al momento de la independencia lograron asegurar el poder en sus manos casi sin contrapeso efectivo posible, permitiendo que transcurrieran 40 años en los que si bien hubo grandes avances en materia de infraestructura y consolidación de un cierto grado de desarrollo económico, eso no revirtió sobre la sociedad toda, sino que generó una “clase alta” que no quería soltar el poder.
La guerra de 1979 se originó en la decisión de proteger a los empresarios chilenos que estaban en territorios bolivianos y con ese argumento se invadió Antofagasta y Chile terminó apoderándose de los vastos territorios que constituyen lo que hoy se llama “el norte grande”, tierras de mineros: salitre, cobre y litio (hoy). Sin embargo no se puede desconocer que esos intereses “de clase” estaban estrechamente vinculados a los de las empresas inglesas y estadounidenses en la minería.
Sin dudar en aplicar la represión
La oligarquía gobernó con mano dura. El grupo dominante se repartía los gobiernos, los cargos públicos y los beneficios económicos entre parientes cercanos. La aparición de discursos más proclives a la integración social de los sectores postergados y la posibilidad de conseguir avances en materias de políticas económicas que beneficiaran a las mayorías, fue reprimida con violencia, alzamientos miliares y culminó con una guerra civil.
Después de esta guerra, que terminó con el derrocamiento del Presidente Balmaceda, la combinación de acumulación de riqueza en pocas manos y el empobrecimiento de los sectores populares, marcó más de 30 años de la vida nacional, en un período opaco, donde la mediocridad de los gobernantes quedó de manifiesto en la despreocupación de todo lo que no fuera la protección de los intereses de los suyos.
Aunque en 1920 triunfa Arturo Alessandri con un discurso más social que oligárquico, a poco andar comienza a aplicar las mismas medidas de otros gobiernos, dejando en evidencia, tal como lo hará en su segundo mandato presidencial, que para él las elecciones se ganan con el discurso y los votos de izquierda, pero se gobierna con la derecha. No hubo, en ninguno de sus dos gobiernos, ninguna manifestación de políticas sociales reales y, por otro lado, la represión militar sobre los sindicatos y los sectores postergados (campesinos, obreros industriales y trabajadores de la construcción) fue feroz.
Atrincherada la oligarquía, con su brazo político que va uniendo a conservadores y liberales en una tendencia que se irá consolidando de a poco, recibe con beneplácito la cercanía con los Estados Unidos, país que ya había iniciado una ofensiva en el continente para establecer sin vacilaciones su predominio. Los triunfos radicales, el primero de los cuales tenía un discurso izquierdista (el Frente Popular), cae en el mismo juego y tanto Aguirre, como Ríos y González terminan en un cuadro político similar a todo lo anterior, con una circunstancia más grave: cediendo a las presiones de Estados Unidos, se apoya a ese país en la guerra, se cede en condiciones económicas lesivas para el país pero beneficiosa para las clases dominantes y, finalmente, se aprueba una ley para declarar ilegal el Partido Comunista y perseguir y encarcelar a sus militantes.
Cuando gobernó Ibáñez en su primer período aplicó una política que habría contentado a Pablo Rodríguez: un gobierno nacionalista con ciertos toques sociales, fortaleciendo el poder del Estado, creando la policía uniformada como si fuese un ejército. Se enfrenta a la derecha conservadora, obliga a abandonar el país a sus cuadros directivos más destacados y termina con la agitación social provocada por esa oligarquía resentida que lo lleva a renunciar a su cargo e irse al extranjero.
La derecha prepara el regreso
Ibáñez volverá al poder derrotando ampliamente a la derecha, unidos esta vez conservadores y liberales que siguen a su candidato Arturo Matte. Apoyado por socialistas, por agrario laboristas y otros partidos pequeños, todos los que proponían políticas de cierta avanzada social, no pueden gobernar tranquilamente por la férrea y obstaculizadora oposición de la derecha, que regresará en 1954 a hacerse cargo de la política económica y social de un gobierno que había perdido su norte. En Hacienda Jorge Prat Echaurren, nacionalista de derecha y junto a él llega de Estados Unidos la misión Klein Saks, cuyo objetivo es “estabilizar la economía chilena”. El plan será el de siempre: reducir el déficit fiscal, limitar el crédito bancario, eliminar reajustes automáticos de sueldos y liberalizar el comercio. Ibáñez, con su corazón hacia la izquierda, se rinde ante la oligarquía.
Queriendo ser menos autoritario que en el primer período, culmina con un gobierno debilitado que será seguido por el triunfo derechista (con poco más de un tercio de los votos).
Jorge Alessandri (1958-1964) asume en medio de peleas al interior de la derecha por los cargos. Liberales y conservadores generan tal presión que durante 3 años los intendentes y gobernadores tienen todos el carácter de interinos. El “gobierno de los gerentes” como se le llamó abre espacios al empresariado y a los políticos de la derecha que asumen abiertamente y desde el primer momento las políticas oligárquicas sin sutilezas ni retocados.
La decadencia y el nuevo plan
La mayor decadencia de la derecha se produce cuando, ante el eventual triunfo de la izquierda, se sienten obligados a apoyar a Eduardo Frei Montalva. Igual intentan penetrar en el PDC para reorientarlo, cosa que no consiguen, pero si influyen mucho en la campaña por la directa y evidente intervención de Estados Unidos con dinero y con el diseño de una campaña anticomunista muy potente.
Esa caída electoral, posterior al triunfo de Eduardo Frei, había sido anticipada por ciertos dirigentes de la derecha, entre los que destacaba un hombre visionario y muy organizado: Julio Chaná Cariola. Ellos se dan cuenta que con el triunfo de la Democracia Cristiana y su proyecto de Revolución en Libertad, podrían abrirse las puertas para la izquierda. Para intentar evitar eso, hay dos opciones. La primera será levantar de nuevo a Jorge Alessandri, diciendo “que los países cuando decaen llaman a sus grandes viejos”. La segunda es prepararse para evitar que la izquierda gane y si gana derrocarla. Para ambos casos empiezan a formar sus equipos enviando a profesionales, especialmente de la economía, a estudiar a Chicago.
Derrotada la opción uno, se comienza a ejecutar la dos. Lo primero fue tratar de impedir que asumiera Allende. Se presiona a la Democracia Cristiana para que no vote por Allende en el Congreso Pleno que debe dirimir entre las dos primeras mayorías. En forma paralela se prepara y ejecuta un intento de secuestro del Comandante en Jefe del Ejército que termina en homicidio. Fracasados estos intentos comienzan a preparar las condiciones para una intervención militar, para ser ejecutada después haber hecho algunos “ensayos generales (1969, 1970 y junio de 1973).
La derecha no perdona a Frei la reforma agraria. Y en el caso de Allende ninguna de sus políticas económicas y sociales, por supuesto entre ésas las intervenciones de industrias, de empresas comerciales, las políticas de precios y la profundización de la reforma agraria.
La derecha política se ha reorganizado en el Partido Nacional, reuniendo a los tres más importantes de su sector: Acción Nacional, Conservador y Liberal. Este nuevo partido es dirigido desde el primer momento por un equipo de dirigentes nacionalistas, provenientes de los sectores más extremos del espectro político e incluso cercanos a grupos que proponían la instalación de gobiernos autoritarios para llevar a cabo planes de “recuperación de los valores de chilenidad”.
El Golpe de Estado
Producido el golpe de Estado se aplica el plan en toda su extensión: devolver el poder al empresariado, anular reformas sociales, terminar con la reforma agraria, privatizar cuanto se pueda. Todo ello en el marco de una represión criminal como nunca se había visto en Chile.
Como decía al inicio de este texto, se aplican todas las propagandas típicas del discurso derechista,se justifica el golpe y se instala una dictadura que tiende a dar al país una nueva organización política, social y ecnómica, imponiendo los valores propios de nacionalismo y del neoliberalismo.
La dictadura dura casi 17 años, culminando con la entrega del poder a un civil elegido por el pueblo, pero que queda atado a una Constitución que no podrá cambiar sin el concurso de los votos de la derecha en el Congreso. Y esos votos de la derecha son muchos, por la trampa del sistema binominal, que permitía elegir un diputado con un tercio de los votos más uno, mientras quien obtiene un voto menos que los dos tercios también elige un diputado. Además de eso Pinochet permanece en la comandancia en Jefe del Ejército y no cesa de hacer gestos de amenaza. Es lo que dijo Jaime Guzmán cuando se preparaban los textos constitucionales y legales en aquella época (y eso está en las actas de la comisión): debemos hacer un sistema para que aunque ellos ganen, nosotros controlemos las cosas.
El proyecto de retorno
Y así fue, aunque poco a poco la derecha fue cediendo espacios al darse cuenta de que no podían repuntar, preparando una ofensiva mayor a partir del discurso ya repetido de que los gobiernos que no manejan ellos hacen las cosas mal, generan inseguridad, deterioro económico, crisis. Lo de siempre: todo lo que sucede es culpa del gobierno del cual son oposición, partiendo por la delincuencia y hasta el descontento social.
Fue así que ganó Piñera, pero su primer gobierno no satisfizo las aspiraciones derechistas. Después del segundo gobierno de Bachelet, que no fue ni la sombra del primero, regresó Piñera, pero esta vez tuvo una franca oposición de Kast y sus partidarios. La derecha quebrada dejó a Piñera en un desmedro que lo llevó en algunos momentos a tener un apoyo cercano al 5% en las encuestas.
La campaña presidencial de 2021, después del llamado “estallido social” y de la pandemia, fue muy dura. El cuadro político tenía derrotados a todos los partidos tradicionales y los resultados electorales arrojaron que la derecha se fue agrupando en torno a Kast, con un discurso de añoranza del pinochetismo, mientras que en el “otro lado” aparece un candidato completamente inesperado: Gabriel Boric, que llegará segundo. Pero en el balotaje recibe los apoyos de todos los “no derechistas” y gana.
Desde el primer día se inicia el trabajo para frenar a Boric, incluso algunos pensaron en provocar alguna situación para que no terminara su período. Finalmente prima la prudencia y todo se concentra en una gran campaña comunicacional en que todo lo que haga Boric está mal, desde cómo se viste, a quien saluda, dónde viaja, los nombramientos que hace, las decisiones políticas, sus declaraciones, sus propuestas, la conducción de la economía, la inmigración ilegal, el apoyo a los inmigrantes legales, el combate a la delincuencia. Con el apoyo de gran parte de los medios de comunicación, donde no se dice lo bueno que se pudo haber hecho, sino que sólo se recalcan los errores o lo que es calificado de “malo”, Boric no repunta en las encuestas y está cada vez más solo. Cambia su discurso, aprende la realidad. Lo dice expresamente, pero pese a ello se le culpa de todo. Culpable de la delincuencia y del crimen organizado, del tráfico de drogas, de todas las manifestaciones de violencia.
Se instala el lenguaje del gobierno fracasado, del país destruido, de que todo está mal, que la economía está pésimo y la inseguridad es total.
Kast se va convirtiendo poco a poco en el polarizador de la derecha, del descontento general y de la expectativa de que él podría hacer las cosas bien. Promete grandes resultados para los primeros 90 días de gobierno y les dice a los inmigrantes ilegales que el 11 de marzo se les acaba la fiesta, que los empleados públicos (parásitos los llamó su jefe comunicacional y principal asesor) tienen sus días contados, que reducirá el gasto en 6 mil millones de dólares. Y gana.
El gobierno que se está iniciando
Van cuarenta días de gobierno cuando escribo estas líneas. Convencido de tener tras de sí a la mayoría del país, empieza de inmediato a tomar decisiones, creyendo que basta su voluntad para que las cosas resulten. Pero no es así y deberá, sin duda, hacer un giro.
¿Hacia dónde?
Kast es pinochetista, estuvo con la dictadura, votó por la continuidad del dictador. Es partidario de las posturas más extremas de la derecha, convencido de que ellos, si bien no son parte de la autodenominada “aristocracia tradicional”, sino de inmigrantes recién llegados después de la derrota de Alemania en la guerra, participan de la oligarquía porque han sido capaces de hacer una gran fortuna.
Es parte de los que decía Matte cuando proclama: “Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo, lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa no como opinión ni como prestigio”.
Porque puedo, dicen los gobernantes
Se sienten con todo el poder, con la riqueza personal, con el respaldo electoral suficiente, como para llevar adelante sus planes: neoliberalismo, reducción del Estado, freno a ciertas políticas sociales, disminuir los recursos destinados a la protección del medio ambiente y al desarrollo de la cultura y el arte. Paraliza las obras del GAM al mismo tiempo que desecha los mecanismos para paliar el alza del precio del petróleo. Anuncia que el país está quebrado y hay que ser austero, mientras se sube a 9 millones el sueldo de sus asesores, que desde luego son más que en épocas anteriores. No tiene problemas en despedir a personas contratadas por la Alta Dirección Pública, aunque tenga que pagarles enormes sumas de dinero, con tal de poner personas de su confianza.
Se calla, se miente, se acomoda la verdad. Las medidas están todas orientadas a favorecer a los “dueños de Chile”. Si sube la bencina, esto no importa a los que tienen dinero para pagarla. Los otros usarán movilización colectiva. No se intentará rebajar las contribuciones de los adultos mayores, sino de todas la primeras viviendas, con lo cual serán beneficiados todos los propietarios de La Dehesa, Vitacura, Las Condes y La Reina, donde se reúnen los más ricos que no tendrían problemas para seguir pagando. Se bajan los presupuestos de los ministerios en un 3%, mientras se quiere reducir el impuesto a las empresas sin mediar compensaciones de ninguna naturaleza.
Alguien ha dicho que Kast se está equivocando. No es así: ése el plan. Así como hace 50 años se inventó el magnífico negocio, para los que tenían dinero, de las AFP, no importó que eso condujera a la pobreza a sectores medios y dejara en la indefensión a la mayoría de los chilenos. Probablemente no terminará con el Auge, pero su promesa de reducir las listas de espera – de las que culpa a Boric – no se hará realidad (salvo como lo hizo Piñera incorporando a los muertos) y quedará tan disminuida como la de seguridad.
Sus ministros faltan a la verdad y dicen en sus discursos frases que mantienen en vilo a muchos, pues parece increíble que la imprecisión, la improvisación y la ignorancia estén en tantos lugares de decisión.
Cuando la ministra del Deporte dice que la prioridad del Ministerio es dotar de “ropa linda a los deportistas”, fuera de recordar el intento de uniformar que se aplicó durante el nazismo, pone de relieve la real preocupación de la autoridad.
Es más importante ordenar a su gusto, uniformar, proteger a los suyos, que hacerse cargo de las grandes demandas del país.
Si ellos pudieran ahora, limitar los derechos garantizados o reconocidos en la Constitución, probablemente lo harían. Kast, a diferencia de sus amigos en el mundo internacional, no podrá perpetuarse en el gobierno, pero su control sobre los medios de comunicación puede permitirle aplicar por la fuerza de los hechos sus políticas.
Hora de decisiones
Kast no se equivoca cuando toma decisiones. Aplica lo que él sabe hacer, lo que le interesa a la oligarquía y mantendrá las políticas sociales suficientes para que no aumente la extrema pobreza, sin importarle lo que pase con las clases medias.
Cuando sólo interesa la macroeconomía y se olvida de las personas, entonces sólo podrá afianzarse con medidas de fuerza. La voluntad de seguir adelante. Y si no le aprueban las leyes, usará su potestad reglamentaria. Y si la Contraloría lo objeta, tal vez haga como Pinochet y nombre otro Contralor.
Porque así es la cosa. Se hace todo lo que se puede, simplemente porque puede.
¿Aprenderá como Boric a escuchar a los que piensan distinto?
Probablemente no, porque le interesa reponer lo que hizo Pinochet, aunque por ahora, por ahora digo, no tenga el apoyo de organismos como la DINA.
Se podrá seguir mintiendo, acomodando los relatos, pero más temprano que tarde deberá alguien ponerle freno. Por eso hay que estar claro en que esto es un plan de largo plazo para consolidar con mayor fuerza el poder oligárquico, de los que se sienten dueños de Chile, que creen que todo lo saben y que todo lo hacen bien. Si sus intereses son satisfechos, todo estará bien para ellos.
Es la hora de tomar decisiones por parte de los que no son de ese grupo que tiene el poder casi total hoy día. No se trata de salir a la calle a crear vandalismo, se trata de organizarse para luchar por las cosas importantes. Y de ese modo, con organización, comienza a construirse una democracia verdadera, para poner fin, desde la realidad, al modelo en el que estamos viviendo.
El pueblo de Chile merece algo más que un líder que quiere hacernos creer que por vivir en el palacio, como los reyes, es él quien puede arreglar y decidir sobre todo.
Lo que más espacio ocupó en el discurso de Kast por cadena nacional fueron las referencias constantes al gobierno anterior, el cual sería culpable de todos los males de Chile. Descalificar a Boric, a Marcel, a Tohá, a Grau y a todos y cada uno de los ministros y colaboradores cercanos, es la tarea de la que está a cargo Cristián Valenzuela, que elabora las minutas con lo que pueden decir y no pueden decir los ministros, además de inventar afirmaciones y relatos falaces.
Mientras el ministro de Hacienda prepara el proyecto que se presentará en el Congreso en los próximos días, ya ha comenzado el debate. Es indudable que, pese a que a mucha gente no le cae bien Quiroz, él es, junto a Valenzuela y a García, parte del equipo duro del gobierno, dispuesto a ejecutar el programa a como dé lugar.
Kast y su gente tienen un diseño político, económico y social que inevitablemente recuerda al pinochetismo. El dictador hizo una combinación, de la mano de Jaime Guzmán y Contreras Sepúlveda, entre la propuesta neoliberal y la brutal represión a los opositores.
El actual gobernante tiene el diseño de Guzmán y lo que aprendió de él, careciendo de la inteligencia y cultura que tenía el seguidor de Franco y Primo de Rivera. Pero lo que no tiene es el aparato represivo –tal vez lo eche de menos en algún momento– razón por la cual opera comunicacionalmente tratando de destruir la imagen de sus detractores y opositores. Es lo que algunos, sugerentemente, llaman “asesinato de imagen”.
Lo que más espacio ocupó en el discurso de Kast por cadena nacional fueron las referencias constantes al gobierno anterior, el cual sería culpable de todos los males de Chile.
Descalificar a Boric, a Marcel, a Tohá, a Grau y a todos y cada uno de los ministros y colaboradores cercanos, es la tarea de la que está a cargo Cristián Valenzuela, que elabora las minutas con lo que pueden decir y no pueden decir los ministros, además de inventar afirmaciones y relatos falaces.
Así como trató a la rival de Kast de loca en las redes sociales, cuando se canse con Boric seguirá con otros. Probablemente partirá con Manouchehri y Cicardini, los parlamentarios que se han lanzado en la más dura de las oposiciones.
Pero las cosas se le presentan complicadas al Presidente de la República.
El proyecto considerado como pieza fundamental de este gobierno recibió el nombre de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. ¿Es que la nación está destruida que hay que reconstruirla? ¿Es que acaso con las rebajas tributarias propuestas habrá más políticas de desarrollo social? ¿O es que ese cambio ya no irá, como en gobiernos anteriores en beneficio de los pobres y parcialmente de las clases medias, sino de los más ricos?
El proyecto de ley toca muchos temas, pero lo central es una reforma tributaria. El texto mismo del proyecto no está listo y ha sido presentado sólo en los términos del discurso y las declaraciones de Quiroz. El estudio de abogados del Ministro de Defensa (representante y abogado de Pinochet en su momento) ha hecho un buen resumen que publica en su página web, destacando 14 medidas que son las que les interesan como abogados especialistas en derecho tributario.
Cito al estudio Barros: “Fondo de Emergencia para Reconstrucción. Se financiará con mecanismos transitorios como la rebaja al impuesto a donaciones, repatriación de capitales e impuestos sustitutivos”.
Junto a eso se propone eliminar obligaciones del donante, lo que puede prestarse para una serie de acciones que pueden perjudicar a quienes podrían tener derechos o expectativas en relación con esos bienes donados y al propio Fisco, al poder diluirse el patrimonio y los beneficios de ese patrimonio entre muchas personas.
Hoy existe la insinuación, que consiste en notificar a los herederos de una persona que quiere hacer una donación, de modo que ellos puedan oponerse. Según este proyecto de ley, se podría donar libremente. Exención de IVA para las viviendas, créditos tributarios, exención de contribuciones de bienes raíces a la primera vivienda de personas mayores de 65 años, rebaja del impuesto de primera categoría, es decir, a las empresas, entre otras propuestas.
Es curioso y complejo de entender, por lo menos por una enorme cantidad de ciudadanos que no somos especialistas. ¿Cómo se consigue financiar proyectos gubernamentales sobre la base de reducción de impuestos?
Kast presentó un plan para sus primeros 90 días y quiere que el proyecto de ley se apruebe en el mes de junio.
Lo más probable es que no sea así, pues debe ser discutido en el Congreso Nacional. Diputados y senadores querrán debatir en detalle cada una de las propuestas en fondo y forma, propondrán indicaciones y más de alguien pedirá otras medidas. Eso tomará tiempo.
¿Pondrá urgencia para un proyecto tan complejo y extendido en la temática? ¿Se irá arrepintiendo, como lo hizo con la reducción del 3% al Ministerio de Seguridad? ¿Reculará, como lo hizo con el respaldo a Juegos Olímpicos de la Juventud? ¿O pedirá el apoyo de Trump, al estilo Milei, para que ejerza presiones?
El ministro de Hacienda explicó que el proyecto responde a que “nuestro país enfrenta un estancamiento estructural que exige una respuesta integral para cambiar nuestra trayectoria”, tras registrar un crecimiento promedio de apenas 2% en los últimos 12 años.
Desconoce el señor ministro que la actual estructura fue creada en el gobierno de Pinochet para revertir las enormes caídas de la economía que llevaron a que en esos 17 años el crecimiento promedio fuera de mucho menos que el 2%. Culpar a los gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric de un estancamiento parece más bien absurdo. ¿O no?
Para el cumplimiento de la promesa de Kast de disminuir el gasto en 6 mil millones de dólares, junto con la reducción presupuestaria de los ministerios de un 3%, propone medidas de austeridad, tales como la eliminación de la franquicia SENCE (Programas de capacitación para el empleo) y la postergación por cuatro años (es decir todo el período de Kast) del ingreso de nuevas universidades al sistema de gratuidad.
En esta política de austeridad no se pueden explicar enormes gastos como aumentar asesores, subirles el sueldo, pagar indemnizaciones enormes a las personas contratadas por Alta Dirección Pública a las que está despidiendo. No se entiende que la prioridad uno, según palabras de la ministra del Deporte, sea proveer de “ropa linda” a los deportistas del país.
No se da imagen de austeridad cuando se realiza el famoso almuerzo, pues por mucho que se diga que él pago eso, hay muchos detalles en los que se incurrió en el gasto fiscal. ¿No hubiese sido mejor señal de austeridad gubernamental que ese almuerzo se realizara en su casa particular?
Pero, tal vez como “señal de austeridad” decidió vivir ahí, convertir oficinas de trabajo en dormitorio y otras dependencias hogareñas obligando al fisco a proveer de oficinas para los desalojados. Más barato y austero habría sido arrendar un buen departamento en barrios cercanos a La Moneda.
Es verdad, se ordenó reducir el presupuesto de cada ministerio en un 3%. Se exceptuó el de Seguridad, porque eso no tendría presentación en vista de sus promesas de acabar con el crimen organizado y la delincuencia. Entonces el ministro de Cultura suspende la ejecución de la reconstrucción del proyecto GAM, aunque va a tener que pagar una cuantiosa indemnización por término anticipado y unilateral del contrato con la constructora que ganó la licitación.
Será difícil el trabajo de Valenzuela con sus minutas. Pues deberán explicarse demasiadas cosas. Y hay ministros que parecen no hacer mucho caso. Partiendo por Mara Sedini que comete errores en cada paso y da explicaciones que no aclaran nada o hace declaraciones confusas sobre las que luego debe desdecirse.
Algo parecido sucede con la ministra de Ciencia y la de asuntos de la Mujer, que hacen planteamientos que difícilmente se comprenden. Y con la de Seguridad que dijo, preguntada por qué había enviado un oficio a la PDI, “lo hago porque puedo”.
Tal vez la culpa de todo esto la tenga Gabriel Boric. Porque algunos de sus ministros serán comparados con los actuales. Como Vallejo con Sedini. Eso debe ser.
Y si en los 90 días prometidos no se cumplen las medidas de expulsión del país de los inmigrantes (hasta ahora sólo han salido del país 40 personas expulsadas por orden judicial que el gobierno quiere atribuirse), de disminuir la cantidad e intensidad de los delitos violentos y homicidios (que o se mantienen las cifras o han aumentado), de reducir los gastos del Estado, de terminar con el enclave mapuche de Temucuicui y pacificar la zona, ¿qué explicación nos dará?
Tal vez ya no sea sólo culpa de Boric (y algo de Piñera y de Bachelet), sino también de los parlamentarios opositores, de los comunistas o quizás de alguien escondido que quiere que le vaya mal. ¿Será brujería, quizás?
«Loco latir», la novela de Ana María del Río, recrea las intimidades propias de un fundo emplazado en la zona centro sur del país —en un momento especial de la naturaleza y de la política nacional durante la época de la Unidad Popular—, mientras en el lugar se produce una lluvia torrencial y la agitación campesina propia de la Reforma Agraria.
Por Jaime Hales Dib
Publicado el 22.4.2026
Los escritores siempre decimos que al narrar una historia en cuentos o novelas, combinamos la realidad con la ficción, haciendo que se fundan en una nueva realidad. Muchas veces nos preguntan si acaso esto sucedió tal cual o hay «invento».
Walter Garib dice: los escritores somos mentirosos y falsificamos la verdad. Yo, riendo con él, discrepo y digo: los escritores modificamos los detalles de las historias para entregar relatos cuyo fondo es verdad. Porque escribimos, como si se tratara de un palimpsesto mágico, sobre la realidad concreta.
En el epígrafe de mi novela Baila hermosa Soledad —que gira en torno al atentado a Pinochet y lo que se vivía en esos años—, dije: «Cualquier semejanza con la realidad es perfecto resultado del inconsciente del autor». Lo que es parcialmente cierto.
Para escribir una buena novela se requiere, además de capacidad de redactar bien, entrar en la realidad y, desde una misteriosa conexión interior, ser capaz de meterse en situaciones y personajes.
El autor literario entrega miradas sobre la vida propia y ajena, y se presenta a sí mismo disuelto en los personajes que va creando a partir de sus experiencias.
Así, el escritor muestra acontecimientos y personas, lugares y emociones que empatizan con un lector que se apropia paulatinamente del relato, tomando simpatía o antipatía con los personajes y recreando, en su propia imaginación, cada uno de los rostros y paisajes, el sonido de la voz, los sentimientos y pensamientos de quienes aparecen retratados fidedignamente o a veces con cierto tono de caricatura, que se puede hacer necesario para dar énfasis y no equivocarse.
Todo esto lo hace de modo muy bien logrado Ana María del Río (1948), escritora de largo tiempo, profesora, formadora de escritores, en su novela Loco latir (Editorial Forja, 2026) que acaba de salir publicada.
Aunque no hay fechas, claramente la novela nos lleva a los años 1971 a 1973, cuando en Chile se profundizó la Reforma Agraria con tomas de fundos, activismo por parte de los funcionarios del Estado en favor de los campesinos, intervenciones de industrias y expropiaciones de propiedades agrícolas.
La autora menciona con frecuencia las leyes que fueron aprobadas y promulgadas durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964 – 1970), lo que jamás fue perdonado por los terratenientes y las familias tradicionales de Chile ubicadas entre los más ricos de la sociedad.
Pero a la narradora no le interesa una crónica histórica, sino entrar en la profundidad de los hechos a través de personajes que un lector avezado podría hasta llegar a identificar.
«Loco latir», la novela de Ana María del Río, nos muestra un lugar ubicado en la zona centro sur de Chile en un momento especial de la naturaleza, la política y la intimidad de una familia poderosa dueña de predios agrícolas enormes en plena producción, durante una lluvia torrencial y agitación campesina.
Han muerto los abuelos de Make, la protagonista, con pocas horas de diferencia. Esto sucede poco tiempo después de la muerte de su propio padre, y toda la familia concurre al fundo para el sepelio.
Llegan los hijos e hijas de los ancianos fallecidos, todos personajes de peso en sus ambientes sociales, cercanos a las altas esferas de la política, abogados de estudios empingorotados, empresarios, con sus esposas y esposos. Make está acompañada de su madre y está también Tarso, otro nieto, su primo hermano.
Todos estos personajes interactúan mientras permanecen atrapados en el lugar por diversas circunstancias, con una «descripción» de personajes notable. Lo pongo entre comillas, porque no es que la autora diga cómo son. Lo hace, pero brevemente.
Lo interesante es que los personajes se revelan en los diálogos —muy bien logrados— y ahí los lectores podrán reconocer el tipo de personas que son los integrantes de esta familia, los religiosos que llegan para el funeral, las empleadas de la casa, los campesinos. Y otros dueños de fundo cuyo papel, breve, resulta trascendental en la novela misma.
Es un episodio que se inserta en la historia de la segunda mitad del siglo XX chileno, cuyas secuelas las vemos hasta hoy.
Junto con eso tenemos relatos de historias amor, de revelaciones sorprendentes, aspectos íntimos de los distintos personajes, pero sobre todo de la protagonista que, en medio de varias tribulaciones, se va diseñando como una muchacha ya adulta en pleno desarrollo para convertirse en mujer.
Durante esas breves semanas en que transcurre todo, ella madura lo suficiente como para procesar todos los dolores, miedos, emociones intensas, que se viven en los textos de Ana María del Río.
Sin duda la autora, con una enorme trayectoria, demuestra su calidad de escritora con esta novela en que Make, figura narradora, va revelando la situación propia de una muchacha joven que enfrenta situaciones para las que probablemente no estaba preparada.
La novela se lee rápido porque la historia es entretenida y para muchos resultarán sucesos conocidos. Así será con los mayores, pero los jóvenes encontrarán un apasionante libro que cuenta parte de la vida de sus propios padres, cualquiera que sea el lugar en que ellos se ubicaron cuando sucedió ese proceso en nuestro país.
Después de haber avanzado durante los gobiernos democráticos del pasado reciente en la protección de los derechos de autor de los creadores de arte en sus diversas manifestaciones, en el Proyecto de Ley Miscelánea del gobierno de Kast, se entra en una fase de retroceso, que parece ser parte de una manera de entender la vida, donde lo único importante es lograr beneficios para los poderosos de la sociedad.
En 1980 la dictadura consiguió, mediante un plebiscito fraudulento, aprobar un texto constitucional. Era el diseño de Jaime Guzmán, apoyado en su redacción por Jaime del Valle, Sergio Fernández y Enrique Ortúzar. Se trataba de prolongar una situación compleja: con apariencias democráticas mantener el diseño de la dictadura, donde en definitiva todo fuera manejado por los que entonces mandaban políticamente y con apoyo militar, aunque fuesen minoría.
Parte sustancial del texto era el artículo octavo, que decía: “Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República”.
Y agregaba en el inciso siguiente que: “Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales”.
¿Qué es “atentar contra la familia” o sostener una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases? Claramente se refería este texto en forma directa a la ideología marxista y, como lo habían sostenido los voceros de la dictadura y muchos jueces, son responsables de lo mismo quienes apoyaban, justificaban, permitían o se aliaban con los partidos de inspiración marxista.
En esos años se hablaba sin ambages sobre que esas doctrinas y las conductas derivadas eran terrorismo por el solo hecho de sostenerlas, aunque no hubiera actos de esa naturaleza.
El texto añadía que sería el Tribunal Constitucional quien establecería si las personas estaban en esa situación, probablemente a requerimiento de cualquier ciudadano, pues no se dice en el artículo. Luego venía la marginación completa por diez años de toda actividad política, agregándose que tampoco podían dirigir establecimientos de educación, ni enseñar.
En la misma línea se les prohibía desempeñarse en funciones relacionadas con medios de comunicación ni ser dirigentes de organizaciones “relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo”. La reincidencia sería castigada con una pena correspondiente al doble: 20 años más.
Como una tenebrosa coincidencia, el actual gobierno sigue con entusiasmo las aguas del pinochetismo, al que desde el propio presidente José Antonio Kast hasta muchos de los dirigentes y autoridades recién asumidas adhirieron sin límite. Estas personas no han dudado en justificar las más atroces violaciones de los derechos humanos.
Claramente temen –como Pinochet y Guzmán– todo aquello que guarde relación con el desarrollo de las artes, especialmente la música y la literatura, pues suponen que sus textos contienen elementos peligrosos para “la familia”, para la “moralidad” y, en definitiva, para la seguridad de la sociedad.
Pues los escritores y autores de letras de canciones –y por cierto también los pintores y dramaturgos– tienden a expresar contenidos en los que se expresa la libertad de pensamiento y una emocionalidad que cuestiona muchos aspectos de como vivimos, en la sociedad actual.
Lo mismo sucede con los que quieren estudiar en el extranjero para perfeccionarse, ya que se corre el riesgo de que reciban influencias o adoctrinamientos que tiendan a sostener ideas contrarias a la mirada oficial de hoy.
Esa mirada o enfoque de la vida social es el que sostienen los sectores más poderosos económicamente y que con sus recursos manejan muchísimas instituciones de educación (colegios y universidades) y casi todos los medios de comunicación.
Por eso, se han sugerido, orientado y decretado suspensiones de becas. Todo intelectual es sospechoso, no sólo los de las disciplinas sociales, pues no olvidan a personajes como Humberto Maturana que, siendo un gran científico, levantó su voz contra la dictadura.
Estamos ante un nuevo artículo octavo, sobre el que quiero llamar la atención.
Para el caso de los escritores, músicos, cineastas, medios de comunicación escritos o no, se propone ahora en aquel proyecto misceláneo una norma que, coincidentemente, está en el artículo octavo.
No está de más decir que este tipo de proyectos que contienen materias diversas fue calificado por los dirigentes de la derecha como “cajón de sastre” y prácticamente fueron limitados. Sin embargo, en medio de medidas económicas y tributarias, se encaja una norma que agrega un artículo a la Ley de Propiedad Intelectual.
Allí se dice: “Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas”.
Es decir, después de haber avanzado durante los gobiernos democráticos del pasado reciente en la protección de los derechos de autor de los creadores de arte en sus diversas manifestaciones, como una manera de asegurar su libertad, la justa retribución por sus obras y, por lo tanto, la posibilidad de seguir creando, se entra en una fase de retroceso.
Porque piensan que los creadores pueden resultar peligrosos y que todos los escritores somos comunistas, izquierdistas o cualquier calificativo cercano. Eso a ellos, los que hoy gobiernan, les parece peligroso, de alto riesgo para sus intereses y sus propósitos no siempre reconocidos de resucitar el pinochetismo y las propuestas de Jaime Guzmán. Tienen miedo. Es cierto que, por ahora al menos, les faltará un “Contreras Sepúlveda” como lo tuvo Pinochet.
A este proyecto se han opuesto o al menos expresado dudas, incluso dirigentes de la derecha con convicciones democráticas, como el senador Cruz-Coke y muchos empresarios de medios de comunicación.
Otros prefieren callar y aún los hay que justifican y promueven este tipo de materias. Pues así van marginando a los creadores y comunicadores que no estamos de acuerdo con ese enfoque y sus obras pasarán quizás a una lista sospechosa, como sucede ahora en Estados Unidos en una especie de repetición sutil de lo que fue el descarado macartismo de la década iniciada en 1950. Se trataba de una persecución política a comunistas (ahora serían terroristas u otros enemigos), caracterizada por acusaciones sin pruebas, listas negras y audiencias televisadas, difamando a funcionarios, artistas e intelectuales, durante una etapa oscura liderada por el senador Joseph McCarthy.
Si a esto agregamos la disminución de presupuestos de proyectos, basada en simples prejuicios o en opiniones contrarias a su ideología que se ha ordenado y aplicado en el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, podemos refrendar que estamos frente a una operación más global y dirigida a los peores objetivos.
Artículos octavos que se orientan hacia la imposición de una sola mirada de la realidad.
Es una coincidencia el número –que en la tradición holística habla de la creación de nuevos órdenes– pero los textos reflejan claramente la intención.
Son quizás formas de expropiación encubierta de los derechos intelectuales, pero a diferencia de las expropiaciones de bienes raíces, esto se hace sin siquiera informar al expropiado.
Esta es una grave amenaza para el patrimonio cultural y la sostenibilidad económica de los creadores nacionales y constituye una falta de respeto a las personas que verán perjudicado su patrimonio cultural y, por qué no decirlo, económico.
Protesto enérgicamente y miro con inquietud todas las medidas que el gobierno está tomando o insinuando tomar: finalmente se favorece a los poderosos –a los que pertenecen a la elite– y se deteriora la vida en todos los planos a los sectores medios.
Es hora de que pongamos atención, pues el plan que se lleva adelante puede ser muy peligroso y nefasto.
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